Luisa María Alcalde presentó el 12 de agosto un supuesto “ecosistema de amplificación digital” de cuatro capas para probar que existe una operación coordinada contra el gobierno. No lo logró, por cinco razones.
Primero, confunde correlación con causalidad: que una publicación anteceda a otras y que varias cuentas compartan una narrativa parecida no prueba coordinación, de la misma manera en que salir de una cafetería minutos antes de un choque no prueba que la cafetería lo haya causado.
Segundo, que un medio o un periodista sea sistemáticamente crítico del gobierno no es, por sí mismo, evidencia de nada ilegítimo: es exactamente lo que se espera de una prensa libre.
Tercero, en ningún momento presentó contratos, instrucciones, pagos o comunicaciones que acrediten una orquestación entre las cuatro capas de su propio esquema —de hecho, su primera capa se origina y se legitima a sí misma, sin que exista un vínculo probado con las otras tres—; mostró publicaciones parecidas y consecutivas, no el mecanismo que las conectaría.
Cuarto, los particulares tienen derecho a organizarse, opinar y difundir información y posturas políticas, incluidas las que incomodan al gobierno: eso es libertad de expresión y de asociación, no una operación de injerencia.
Quinto, la prohibición legal de la injerencia extranjera está diseñada para proteger los procesos electorales —el financiamiento, la propaganda y la intervención directa en una contienda—, no para regular quién puede opinar sobre un gobierno o compartir información entre países.
Bajo ninguno de estos cinco criterios el montaje de Alcalde demuestra lo que dice demostrar: clasificó públicamente a sus críticos y llamó “análisis” a esa clasificación.
Luisa María Alcalde asegura que no hizo listas. Según ella, presentó el análisis de un mecanismo: un “ecosistema de amplificación digital” mediante el cual consultores, operadores políticos, medios, cuentas anónimas, bots, trolls, influencers y comentaristas difunden narrativas para desgastar a los gobiernos progresistas de América Latina.
Claudia Sheinbaum la respaldó. Alcalde volvió a defenderse ante los medios. Ambas insisten en que el propósito no fue señalar personas, sino explicar cómo funciona la desinformación y exhibir los intereses ocultos detrás de ciertas conversaciones digitales.
Su exposición no demuestra nada de eso.
Lo que presentó, en la conferencia “Derecho de Réplica” del 12 de agosto, fue un montaje deficiente, incompleto y contradictorio: 120 cuentas identificadas por nombre y repartidas en tres capas —medios y analistas políticos, políticos, y cuentas de ataque— más una cuarta capa de alrededor de 560 mil 520 cuentas señaladas como bots, en un monitoreo de siete meses (del 1 de enero al 8 de agosto) con más de 22 millones de publicaciones. Un conjunto variopinto de actores con funciones, métodos y responsabilidades editoriales completamente distintas, metido a la fuerza en las mismas casillas.
Puede llamarlo “análisis”, “mapeo” o “ecosistema”. Visualmente era una lista. Materialmente era una lista. Alcalde leyó en voz alta los nombres y los colocó dentro de capas que, según ella, integran una operación de injerencia contra el gobierno.
Si camina como lista, se presenta como lista y se lee como lista, es una lista.
Un descubrimiento que no descubre nada
Alcalde presenta su montaje como si hubiera descubierto el hilo negro. Pero el mecanismo que describe es antiquísimo: una fuente produce un mensaje, otros lo reproducen, se paga publicidad para ampliar su alcance, figuras con audiencia propia lo comentan y al final los medios lo incorporan a la conversación pública. Ocurre en campañas electorales, movimientos sociales, lanzamientos de películas y estrategias de mercadotecnia desde que existen los medios; las campañas de Obama fueron célebres precisamente por esa capacidad de amplificación digital.
Nada de eso prueba, por sí solo, una conspiración ni una intervención extranjera. Había que demostrar que los actores señalados formaban parte de una operación coordinada. Alcalde no lo hizo: colocó nombres en casillas, trazó una secuencia y dio por probado justo lo que tenía que probar.
Alcalde es abogada egresada con mención honorífica de la UNAM y tiene una maestría en Derecho por Berkeley. Con esas credenciales no hay margen para el beneficio de la duda: si de verdad cree que su montaje satisface un estándar serio de demostración, su criterio como funcionaria queda en entredicho. Y si sabe que no lo satisface y lo presentó de todos modos, no hay error de análisis: hay una decisión deliberada de usar el cargo para desinformar. Esta segunda opción es, con mucho, la más probable.
El ejemplo que desmiente el esquema
Alcalde ubicó a Javier Negre dentro de la Capa 1 de su esquema: la de “medios y analistas políticos”, 54 cuentas que, según ella, originan el mensaje y, al mismo tiempo, lo legitiman a través de investigaciones, noticias y opiniones. Dentro de esa capa citó, como uno de los picos de actividad del periodo analizado, la narrativa “Estado fallido” ligada a eventos deportivos —sin desarrollarla como un caso ilustrado paso a paso, sino como una cifra más dentro del recuento de publicaciones.
Ahí está el problema, y es distinto del que parecería a primera vista: el esquema no separa el origen de la narrativa y su legitimación editorial en dos momentos de una cadena causal. Los coloca en la misma capa, con las mismas cuentas, al mismo tiempo. Negre no salta entre categorías; es la categoría misma la que hace dos cosas contradictorias a la vez.
Si el origen del mensaje y su legitimación ocurren en el mismo paso, ejecutados por los mismos actores, no hay cascada que demostrar entre ambos: no existe un momento en que la narrativa nace y un momento posterior e independiente en que otros la validan. Es la misma cosa —una opinión publicada— descrita dos veces con verbos distintos para que parezca un proceso de dos etapas.
Lo que sí exigiría prueba es lo que ocurre después: cómo la Capa 1 se conecta con la Capa 2 (32 cuentas de políticos que, según Alcalde, “retoman y politizan” el contenido), con la Capa 3 (34 cuentas de ataque que “reempaquetan, editorializan y distribuyen” el mensaje, principalmente vía retuits y respuestas) y con la Capa 4 (el anillo de más de 560 mil cuentas que “replican los mensajes de las capas anteriores”). Alcalde no mostró instrucciones, materiales ni acuerdos que conectaran a Negre con algún político de la Capa 2, con alguna cuenta de ataque de la Capa 3, ni con el anillo de bots de la Capa 4. Mostró que existen publicaciones parecidas y consecutivas repartidas en las cuatro capas. No mostró el mecanismo que las uniría.
El esquema de agosto, además, no contempla la pauta publicitaria como una capa propia: no hay una categoría dedicada a contratos, facturas o responsables de pago. Eso significa que la pieza que más importaría para demostrar coordinación pagada —el dinero— quedó fuera de la taxonomía que la propia Alcalde construyó.
Afirmó la participación de cuentas de ataque y de un anillo de bots, y como evidencia exhibió que distintas cuentas compartieron o comentaron el mensaje, algunas —dijo— cada 33 segundos y con actividad hasta 21 horas al día. Ese patrón sí es indicio de automatización en varias cuentas puntuales. Pero no prueba que todas respondan a Negre, ni que compartir su publicación equivalga a recibir instrucciones suyas: puede hacerse por convicción, oportunismo, afinidad política o simple ganas de subirse a una tendencia. La amplificación orgánica ni siquiera aparece contemplada en el modelo: todo lo que coincide con una narrativa contraria al gobierno se incorpora automáticamente al mecanismo.
Su cascada tiene cuatro capas bien numeradas, con cuentas y publicaciones contadas una por una. Pero entre capa y capa —el tramo que debía probar coordinación— sigue sin haber nada más que la coincidencia temática y temporal. Usa flechas, capas y cifras exactas, y eso le da apariencia de precisión. Las cifras exactas tampoco sustituyen a las pruebas.
Tim Hortons no provocó mi accidente
Supongamos que entro a Tim Hortons —una cafetería— a tomarme un café, salgo, me subo al automóvil y minutos después otro conductor me choca.
Los dos hechos ocurrieron en secuencia: primero tomé un café en Tim Hortons, después tuve el accidente. Pero sería absurdo concluir que el café, o la cafetería, causaron el choque. Para responsabilizar al establecimiento tendría que demostrar un vínculo concreto entre ambos hechos; la simple proximidad temporal no basta.
Eso es exactamente lo que hace Alcalde. Muestra que una publicación aparece antes que otras, observa que varias cuentas comparten una narrativa parecida, y convierte esa secuencia en prueba de coordinación. Entre la publicación original y su amplificación falta justo lo que debía demostrar: el mecanismo causal.
No hay chats con instrucciones, correos o audios. Tampoco contratos, responsables identificados de la supuesta pauta, recibos, nóminas de bots, ni una cronología que muestre el traslado organizado del mensaje entre las capas.
Hay publicaciones parecidas y consecutivas. Eso puede probar correlación, coincidencia temática o propagación — no coordinación premeditada.
Alcalde tomó un café en Tim Hortons y después tuvo un accidente. Ahora quiere responsabilizar a la cafetería.
La lista que supuestamente no es lista
La defensa oficial es que no hubo listas, sino el análisis de un mecanismo. El argumento sería más convincente si Alcalde hubiera presentado un solo caso plenamente documentado: el origen de una instrucción, su financiamiento, la contratación de amplificadores, la cronología de publicaciones y su llegada a los medios.
En cambio, presentó datos de siete meses —del 1 de enero al 8 de agosto— sin explicar del todo el criterio de selección: ni el umbral de participación, ni la metodología para distinguir a un ciudadano convencido de un operador pagado, ni la información que sustentó cada clasificación dentro de cada capa. Ella misma habló de más de 22 millones de publicaciones y 560 mil cuentas bot en la conversación digital. ¿Por qué esas 120 cuentas identificadas por nombre encabezan las tres primeras capas, y no otras? No lo sabemos.
Los actores incluidos, además, no son homogéneos: un periódico con reporteros y procesos editoriales no funciona como un usuario anónimo de X, ni un conductor de noticias como un partido político, ni un comediante como una organización civil. Pese a eso, Alcalde los metió a todos en el mismo ecosistema opositor.
Un detalle la delata: al mencionar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, no usó su nombre real, sino el apodo despectivo que emplea el movimiento gobernante, “Mexicanos a Favor de la Corrupción”. Si la intención era exponer neutralmente un mecanismo técnico, la burla sobra. Y esa burla, ella sola, delata la intención política de todo el ejercicio.
No hay aquí un mapa aséptico de la comunicación digital. Hay la clasificación pública de los críticos que más incomodan al gobierno.
El sesgo que se delata solo
Todos los actores incluidos tienen algo en común: han difundido críticas, investigaciones u opiniones contrarias a Morena o al gobierno. No hay comparación con el ecosistema digital oficialista: no aparecen los medios, influencers y cuentas que amplifican las narrativas de la Cuarta Transformación, ni se estudia cómo las consignas oficiales viajan de una conferencia presidencial a legisladores, medios simpatizantes e influencers. El mecanismo solo se activa cuando la información perjudica al poder.
El sesgo se nota todavía más al incluir periódicos completos. En El Universal colaboran críticos del gobierno, pero también figuras identificadas con la Cuarta Transformación, como Lenia Batres. En Reforma escriben autores muy críticos, pero también colaboradores abiertamente favorables a Morena, como Vanessa Romero y Carlos Pérez Ricart.
¿Qué se clasifica exactamente? ¿El medio completo? ¿Una investigación? ¿Un editorial? ¿Algunos columnistas? ¿Cada cuenta que compartió una nota? La unidad de análisis cambia todo el tiempo: a veces es una persona, a veces una empresa, a veces una cuenta, a veces solo una postura política. Con una metodología tan elástica, cualquier resultado puede acomodarse de antemano.
La contradicción se vuelve aún más flagrante si se toma en serio el discurso oficial sobre la popularidad de Claudia Sheinbaum. El gobierno insiste en que cuenta con el respaldo abrumador del pueblo, informado y convencido. Pero si eso es cierto, un puñado de cuentas críticas no debería representar ninguna amenaza que justifique un montaje de este tamaño. Y si millones de personas pueden ser engañadas con tanta facilidad, esa supuesta solidez del respaldo popular es mucho más frágil de lo que el gobierno quiere admitir. El pueblo es sabio cuando vota por Morena y manipulable cuando lo critica: la autenticidad de la conversación pública depende, siempre, de si favorece o perjudica al poder.
“Me preguntaste con qué fundamento”
Esta forma de argumentar recuerda una conversación entre Ben Shapiro y Tucker Carlson sobre vehículos autónomos. Shapiro le preguntó a Carlson si prohibiría los camiones sin conductor para proteger los empleos de los transportistas. Carlson dijo que sí, de inmediato, bajo el argumento de la seguridad. Cuando Shapiro objetó que esos vehículos podrían ser más seguros que uno manejado por una persona, Carlson respondió, en esencia: “Me preguntaste con qué fundamento los prohibiría, no si ese fundamento era verdadero”.
Esa frase retrata exactamente el análisis de Alcalde. Su objetivo no era averiguar si la hipótesis era cierta, sino construir un fundamento con apariencia técnica para una conclusión política ya adoptada de antemano: existen críticos del gobierno, sus mensajes se amplifican, por lo tanto forman parte de una operación de injerencia. El fundamento puede ser endeble. Lo único que importa es que sostenga la conclusión.
El extraño “derecho de réplica” del gobierno
El programa que conduce Alcalde se llama Derecho de Réplica, pero no corresponde al sentido jurídico de esa figura. La ley reconoce ese derecho a las personas —también a los funcionarios públicos— frente a datos falsos que las aludan directamente y les causen una afectación. Una emisión desde el Poder Ejecutivo para clasificar críticos y denunciar presuntas redes opositoras no se vuelve legal solo porque el gobierno le puso ese nombre.
Alcalde no le pide a un medio que rectifique un dato falso sobre ella; usa recursos y canales oficiales para construir una contranarrativa gubernamental. Eso es comunicación política: un contraataque contra la prensa crítica y la oposición digital, disfrazado de garantía ciudadana.
Los mexicanos ya cuentan, formalmente, con mecanismos para defenderse de información falsa: pedir una réplica o, si hay daño demostrable, ir a tribunales. El problema es la confianza que merecen hoy esas instituciones. La reforma judicial llevó a los máximos cargos a figuras vinculadas con el movimiento gobernante, con la ayuda de acordeones de papel que le dijeron a la población por quién votar. Y la duda pesa todavía más cuando ministras como Lenia Batres —la llamada “ministra del pueblo”— exhiben abiertamente su lealtad a la Cuarta Transformación, o cuando Yasmín Esquivel sigue en la Corte sin que jamás se haya aclarado el escándalo del plagio de su tesis.
El gobierno dice defender a las audiencias mientras debilita la independencia de las instituciones ante las que esas audiencias deberían poder defenderse.
Lo que hacen otros países
En el Reino Unido, Ofcom recibe quejas ciudadanas y puede ordenar rectificaciones, multar o retirar licencias, pero es un regulador independiente, no la oficina jurídica del primer ministro; la prensa se autorregula además con IPSO. Canadá tiene un esquema similar con el CRTC y el CBSC. En ningún caso es el gobierno el que decide, en cadena nacional, qué periodista conspira.
En Estados Unidos, la FCC tiene atribuciones limitadas y no sustituye el criterio editorial de las televisoras. El intento de usarla contra Jimmy Kimmel lo demostró: tras unos comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk, el presidente de la FCC amenazó a ABC, la televisora suspendió el programa, y la reacción social fue tan fuerte que el programa regresó al aire. Fue presión gubernamental que encontró resistencia.
Alex Jones es un ejemplo todavía más claro. Sostuvo durante años que la masacre de Sandy Hook fue un montaje y que los padres de las víctimas eran actores. Esas familias fueron a tribunales y ganaron sentencias por más de 1,400 millones de dólares; no hizo falta que el presidente organizara una emisión semanal para clasificarlo dentro de un ecosistema de desinformación.
Esa es la diferencia entre proteger derechos y usar la protección de derechos como pretexto para administrar políticamente la verdad.
La Estafa Maestra y la memoria selectiva
Morena conoce el poder político de las investigaciones periodísticas y su amplificación. Durante años usó reportajes de medios críticos para construir las narrativas que la llevaron al poder: con Ayotzinapa y “¿Dónde están los 43?”, y con la Estafa Maestra, publicada originalmente por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Rosario Robles fue presentada como pieza central de esa trama y pasó tres años en prisión, la única exsecretaria encarcelada. Los tribunales terminaron absolviéndola, y la Suprema Corte dejó firme esa resolución. La absolución no vuelve falsa toda la investigación, pero sí demuestra que la culpabilidad penal que se le atribuyó públicamente excedió lo que el Estado pudo acreditar ante un juez.
A Morena no le importó entonces que una investigación periodística se amplificara hasta volverse narrativa política: la aprovechó. Ahora que ocupa el poder, presenta ese mismo proceso como evidencia de una operación ilegítima.
Supongamos que Alcalde tiene razón
Démosle, por un momento, todo el beneficio de la duda que no se ganó: que existen documentos, audios y conversaciones que acreditan coordinación; que hay financiamiento privado para promover contenidos críticos y cuentas que cobran por amplificarlos; que, incluso, toda la secuencia que propone Alcalde es correcta.
Sigue faltando la pregunta que en verdad importa: ¿cuál es el problema?
Si la información original es verdadera y las investigaciones documentan actos reales del gobierno, los ciudadanos tienen derecho a difundirlas, comentarlas, financiarlas y organizarse políticamente alrededor de ellas: eso es libertad de expresión y de asociación. Una red de ciudadanos contrarios al gobierno no es automáticamente una operación ilícita, como tampoco lo es una oposición organizada. Los partidos, movimientos y medios favorables a Morena hicieron exactamente eso durante décadas: investigaron, difundieron, financiaron y amplificaron narrativas para disputar el poder.
Lo único que decidiría el asunto es si la información es falsa, y ahí está el punto ciego del montaje de Alcalde: no se concentra en probar que los reportajes son falsos, sino en mostrar que circulan y producen narrativas contrarias al gobierno. Su problema no es la mentira. Es la oposición.
El ejemplo de “México es un Estado fallido” lo delata: no es una noticia verificable, es una valoración política. Puede ser exagerada, injusta o absurda, pero sigue siendo una opinión. Alcalde tomó esa opinión y la mezcló con medios que hacen investigaciones basadas en documentos y fuentes, borrando deliberadamente la diferencia entre una consigna y un reportaje.
¿Por qué esos nombres?
El montaje no demuestra coordinación entre capas, su primera capa colapsa origen y legitimación en los mismos actores, no hay evidencia de financiamiento y la selección de 120 cuentas identificadas no representa a los millones que integran la conversación digital de la que habla Alcalde. Entonces, ¿para qué exhibir los nombres?
Una posibilidad: el gobierno se blinda para escándalos futuros. Clasificar preventivamente a ciertos medios como parte de un ecosistema de desinformación permite desacreditar de antemano lo que publiquen después, o justificar la existencia del propio programa Derecho de Réplica y futuras intervenciones legales bajo la bandera de los derechos de las audiencias.
La lectura más inquietante es que la exposición funcione como advertencia. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y que el gobierno clasifique públicamente a periodistas y medios como parte de una operación para debilitarlo es, como mínimo, irresponsable. No hace falta suponer que el gobierno desea una agresión para reconocer el riesgo: el poder sabe que sus palabras tienen consecuencias, y que sus seguidores pueden leer el señalamiento como una autorización moral para hostigar. Quien gobierna tiene una obligación especial de prudencia, mucho más cuando no ha podido garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo.
La lección argentina
Morena debería observar la historia reciente de Argentina. El kirchnerismo fue durante años una fuerza dominante: construyó medios afines, sostuvo una larga guerra contra la prensa crítica e hizo del Grupo Clarín su antagonista principal, sobre todo tras el conflicto agropecuario de 2008. Nada de eso contuvo el hartazgo social ni evitó la llegada de Javier Milei —irónicamente, construido en buena parte en esos mismos medios, afines y contrarios al kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner terminó condenada y el peronismo perdió buena parte de su capacidad política. No fue la prensa la que lo destruyó: fueron sus propios resultados, sus contradicciones y su desgaste.
La misma lección vale para México. Un gobierno no puede controlar indefinidamente la conversación pública si la experiencia cotidiana de la gente contradice su propaganda. Puede señalar periodistas, inventar categorías, descalificar investigaciones y acusar injerencias. Lo que no puede es impedir que la población vea la inseguridad, la corrupción, la impunidad y la incompetencia.
Mucho ruido y ninguna prueba
El montaje de Luisa María Alcalde tiene apariencia de investigación, pero no satisface ni siquiera sus propios parámetros. Nunca demuestra el vínculo entre sus cuatro capas ni acredita coordinación entre los señalados. Tampoco documenta financiamiento —su propio esquema ni siquiera contempla una capa de pauta publicitaria—, no identifica a un solo bot con nombre y apellido detrás del anonimato, ni distingue entre amplificación orgánica y pagada. Eligió 120 cuentas identificadas sin explicar plenamente el criterio, no comparó el ecosistema opositor con el oficialista, y mezcló opiniones, investigaciones, medios completos y cuentas individuales como si fueran lo mismo.
Lo único que hace con claridad es identificar públicamente a los críticos del gobierno y meterlos a todos en la misma narrativa de injerencia. Eso confirma que las listas no son un elemento accesorio del análisis: son su verdadero producto.
El gobierno puede insistir en que combate la desinformación. Pero sin pruebas suficientes, su ejercicio se parece menos a una investigación y más a un contraataque político disfrazado de metodología. Y ni siquiera es un contraataque competente.
Si esta es la artillería pesada del gobierno para controlar la conversación digital, va a fracasar. No se silencian millones de cuentas con 120 nombres repartidos en cuatro capas de una diapositiva. Podrá hostigar individualmente a periodistas, medios y opositores, desacreditarlos ante su base, lograr que una parte del público dude preventivamente de cualquier investigación futura. Lo que no puede es cancelar la realidad.
Mientras el gobierno no atienda la corrupción, la inseguridad y la impunidad; mientras responda a las investigaciones señalando al mensajero; mientras use el poder para clasificar críticos en vez de aclarar los hechos, las narrativas negativas van a seguir apareciendo. No porque Luisa María Alcalde haya descubierto una conspiración internacional, sino porque ningún diagrama de flechas sustituye a un buen gobierno.
Yuri Pérez escribe de cultura, sociedad, derecho y política.
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