Radio Libertad
De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.
De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.
La suma de la invasión terrestre en el Tarajal, el asedio naval con buques de guerra y la instrumentalización de la flota pesquera dibuja una maniobra de guerra híbrida cuyas principales incógnitas continúan sin despejarse. El primer ataque fue el visible: la marea humana agolpada en la frontera terrestre y las playas ceutíes. Sin embargo, mientras miles de personas cruzaban el espigón del Tarajal, en el ámbito marítimo se ejecutaba una estrategia de presión calculada. El segundo elemento lo constituyó la penetración no autorizada de la Marina Real marroquí en aguas de soberanía española. Durante los días más críticos de finales de julio, Rabat movilizó al menos una fragata y varias patrulleras, entre ellas el Mohammed VI, buque insignia de la flota alauita. Las incursiones comenzaron el 30 de julio, pero la respuesta naval española demoró días en visibilizarse en la ciudad autónoma: el Buque de Acción Marítima Rayo, enviado desde Canarias, no arribó a Ceuta hasta el 3 de agosto, pese a existir unidades de la Armada desplegadas previamente en el área del Estrecho. Fue necesaria la posterior movilización de las fragatas Santa María y Navarra, procedentes de la base naval de Rota, para que la presencia marroquí finalmente cesara. El tercer elemento, hasta ahora desconocido, completa la fotografía del conflicto. Las autoridades españolas interceptaron instrucciones directas orientadas a que pesqueros marroquíes se adentraran ilegalmente en aguas de Ceuta de manera coordinada. La simultaneidad de estos tres vectores (migratorio, militar y civil instrumentalizado) anula la hipótesis de la casualidad. Además, conocemos la última hora sobre la juez Biedma, y cómo afectaría la unión de PP-Vox en las próximas elecciones desde el Senado. En la mesa del debate contamos con José Ramón Riera, Luis del Pino, Josep María Francàs.
Un entramado millonario en el que ha tenido que entrar en más de una ocasión los tribunales para llevar a cabo desahucios, sí desahucios, como el de Maricarmen que ahora quiere ponerse como bandera de resiliencia. Pues ni desahucios ni fondos buitres ni grandes tenedores, para Mínguez es una empresa familiar, que cumple con la ley, que paga sus impuestos... y como no, toda esta información no es más que un ataque personal. Como cuando se quiere informar sobre las supuestas tramas delictivas de Begoña Gómez o como cuando se pide información sobre las joyas de Zapatero, para ellos, todo son ataques personales sin fundamentos. Pero, qué curioso. Cuando el PSOE habla de los grandes propietarios, el discurso se llena de acusaciones contra la especulación y los negocios inmobiliarios. Pero cuando las preguntas afectan al entorno de su propia portavoz, entonces resulta que tener decenas de pisos en alquiler es una actividad empresarial perfectamente respetable. De nuevo falta de coherencia, o quizá, Montse Mínguez debería ir a la Puerta del Sol a explicar a los acampados cuando eres bueno por tener decenas de pisos o cuando te conviertes en el malo de la película si pides desahuciar al inquilino que lleva meses sin pagarte la renta. Pero el caso de la portavoz no es algo aislado.
En el programa de hoy, analizamos el Desfile del 12 de Octubre protagonizado, de nuevo, por los pitos y abucheos a la llegada de Pedro Sánchez. Un desfile que contó con la ausencia de varios ministros y también de Santiago Abascal que viajó hasta Ceuta para celebrar el Día de la Hispanidad allí. Precisamente, hoy han viajado hasta la ciudad autónoma los Reyes en un viaje histórico. También, analizamos los sondeos electorales previos a las elecciones generales: todos coinciden en dar la mayoría absoluta al bloque formado por el PP y VOX. El Tribunal Supremo mariene para el 29N la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. El Gobierno valora ahora llevar la decisión hasta el Tribunal Constitucional. En la mesa de análisis: Alejandra Nuño, Arturo Moreno, Josep María Francás, Ignacio Basco y Julio Ariza.
De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.
Esta fijación por gobernar por la vía del tráfago legislativo y la excepción permanente muestra a un dirigente dispuesto a cualquier maniobra con tal de conservar el poder. Si en su día prometió traer de vuelta a Carles Puigdemont para sentarlo ante la justicia y acabó entregándole la amnistía a cambio de sus votos para la investidura, la incógnita resulta obvia y alarmante: si es capaz de perdonar a un fiscal general condenado para salvar el relato, ¿Cuál será la siguiente cesión para asegurarse unos cuantos años más en el Palacio de la Moncloa? ¿Un referéndum de autodeterminación en Cataluña? El patrón de saltarse al Legislativo mediante argucias reglamentarias no es nuevo, pero en este periodo preelectoral alcanza un cariz crítico. Ahí está el caso del rescate financiero a RTVE. Tras el sonoro varapalo sufrido en julio, cuando el Congreso de los Diputados tumbó la fórmula inicial para compensar los tributos no deducibles de la corporación pública, el Ejecutivo pretende ahora aprovechase del periodo entre legislaturas para colar un Real Decreto. A este escenario de decretazos e intervenciones se suma el intento de condicionar el marco judicial y electoral. Mientras minimiza la corrupción real que salpica a su entorno tildándola en parte de ficción mediática y judicial, Sánchez no duda en dirigirse al Tribunal Supremo para exigirle de forma apremiante que resuelva el derecho al voto de los afectados por la suspensión de la ley de nietos. ) En definitiva, estamos ante la fase más delicada de la legislatura. Cercado por las decisiones judiciales y con las Cortes disueltas, el presidente del Gobierno liquida los contrapesos democráticos en una carrera a la desesperada. Un escenario que convierte estas ocho semanas previas a las urnas en el momento más peligroso de la política española. En la mesa de 'Dando Caña': Isaac Parejo, Álvaro Ballarín, Josep Maria Francàs y Rubén Herrero.
Detrás de este salto cualitativo se encuentra el último y demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La reconstrucción de los agentes deja de lado las meras represalias reputacionales para adentrarse en terreno penal punible de la máxima gravedad: contactos directos con el entorno del narcotráfico y testimonios explícitos que apuntan a una estrategia para eliminarla físicamente. La clave reside en las declaraciones de testigos como Cintia Rocho, vinculada a clanes de Badajoz, quien reveló a la UCO cómo uno de los colaboradores de la 'fontanera' socialista Leire Díez llegó a afirmar que a la jueza había que eliminarla. Todo ello bajo la sombra de aquella inquietante anotación hallada en la agenda de Díez que hoy cobra un sentido tan macabro como revelador. Conviene recordar cuál fue el desencadenante de semejante maquinaria de persuasión y hostigamiento. Beatriz Biedma cometió el atrevimiento de hacer su trabajo. Le tocó la instrucción contra David Sánchez Pérez-Castejón y no miró hacia otro lado: formuló las preguntas incómodas sobre la verdadera actividad de la Oficina de Artes Escénicas, analizó con rigor más de 64.000 correos electrónicos y mantuvo la firmeza contra viento y marea, resistiendo las presiones procesales y los embates de una Fiscalía empeñada en restar trascendencia al asunto. La causa, que acabó saldándose en la Audiencia Provincial con nueve años de inhabilitación por prevaricación para el hermano del presidente, convirtió a la juez en el objetivo prioritario del aparato paramilitar de Moncloa y Ferraz. Lo que revela este episodio supera cualquier límite admisible en una democracia funcional. Cuando un partido en el poder es capaz de tejer una red paralela con exmagistrados expulsados, fontaneros de partido, maniobras y presuntos encargos al entorno del crimen organizado con tal de blindar a la familia del presidente y salvar el cuello político, la frontera de la institucionalidad queda pulverizada. No se trata solo de desarmar a una jueza incómoda; se trata de lanzar un aviso a navegantes al conjunto del Poder Judicial. El mensaje implícito del sanchismo y sus satélites es inequívoco: quien ose investigar al entorno de la Presidencia no solo se expone a la muerte civil y al linchamiento mediático, sino a que los tentáculos de la 'cloaca' llamen a la puerta de su vida privada. Además, conocemos la última hora sobre la declaración de Beatriz Biedma y el papel del rey en su visita a Ceuta. En la mesa de 'Dando Caña' contamos con: Marcos de Quinto, José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Roberto Marín
Con el reloj en contra, Moncloa ya diseña su atajo definitivo: acudir de urgencia al Tribunal Constitucional para que suspenda la cautelar del Supremo y permita votar a los nacionalizados antes de entrar a juzgar el fondo del asunto. El argumento del Gobierno se basa en que votar es un derecho irreparable. Sánchez creó la urgencia al adelantar las elecciones sabiendo que la Abogacía del Estado era incapaz de revisar 170.000 expedientes dudosos antes de 2027. Ahora pretende que el Constitucional actúe como un rodillo exprés a su servicio. Sin embargo, frente a las maniobras de Moncloa, existe una rendija legal dentro del propio Tribunal Constitucional que podría frenar en seco esta operación: la regla del cuórum. En el TC, la Ley Orgánica que lo regula exige la presencia mínima de dos tercios de sus miembros para poder constituirse y adoptar cualquier acuerdo válido. Con un pleno compuesto por 12 magistrados, la presencia de al menos 8 de ellos es indispensable para que el órgano pueda deliberar y votar. En estos tiempos, decisiones de este TC, han salido adelante por ajustadísimas mayorías doctrinales de 7 votos a favor frente a 5 en contra. La aritmética es demoledora: si los 5 magistrados del bloque conservador decidieran plantarse, ausentarse o negarse a conformar sesión ante lo que consideren un atropello al censo electoral, el Constitucional quedaría paralizado sin cuórum legal (al contar solo con 7 de los 8 miembros necesarios). Sin ese cuórum, el tribunal simplemente no puede tomar ninguna decisión, impidiendo que Moncloa consiga el levantamiento exprés de la suspensión dictada por el Supremo. En un momento donde la credibilidad de las instituciones cotiza bajo mínimos, la minoría del órgano debería plantearse seriamente si debe prestarse a validar de urgencia una maniobra que arriesga viciar el censo electoral del 29-N. Además, rememoramos la desastrosa gestión del transporte con Pedro Sánchez al frente. Hoy, en la mesa de 'Dando Caña': Esperanza Aguirre, Luis del Pino, Josep María Francàs y Javier Pérez. #Gobierno #PedroSánchez #Votaciones #EleccionesGenerales #EsperanzaAguirre #LuisDelPino #JosepMaríaFrancàs #JavierPérez
En su comunicado oficial, CC, OO, y UGT sostienen que “la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda”, buscando extender la responsabilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos. Por su parte, la patronal (CEOE y Cepyme) no ha tardado en calificar de inadmisible la convocatoria, cuestionando su encaje jurídico por tratarse de una medida de presión política contra la gestión gubernamental cuyo coste se pretende trasladar a la actividad económica y a las empresas en pleno proceso electoral. Resulta difícil no señalar la flagrante incongruencia temporal. Hay que remontarse a 2010 y a las dos jornadas de 2012, cuando se manifestaron contra las reformas y recortes del Gobierno de Zapatero y de Mariano Rajoy, para encontrar las últimas huelgas generales respaldadas por estos sindicatos. En estos últimos ocho años no han salido ni una sola vez a la calle de forma rigurosa: ni ante el descontrol de los precios de la vivienda, ni frente a la desbocada inflación, ni por el disparado coste de la luz y el gas. Conviene recordar que llegaron a protestar cuando el megavatio hora rondaba los 70 euros, pero mantuvieron la boca cerrada cuando bajo la gestión de Pedro Sánchez se superaron holgadamente los 140 euros. A lo largo de estos ocho años, estos sindicatos han mantenido un silencio cómplice ante una situación económica y laboral sensiblemente peor que la que en su día motivó sus pancartas. Un mutismo muy conveniente que quizás encuentre su explicación en las suculentas transferencias públicas que reciben. Solo en 2025, el Gobierno de Sánchez ha concedido 23,6 millones de euros a CCOO y UGT dentro de la partida de 32 millones destinada a actividades sindicales (frente a los 17 millones asignados en 2024). Quizás su repentino celo movilizador responda al temor de ver recortadas unas subvenciones que, en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan PP y VOX, ya se han reducido drásticamente en un 50%. Además, descubrimos el último movimiento del magistrado de la Sala Penal del Supremo, Pablo Llarena, sobre Puigdemont y analizamos los numerosos casos de corrupción. En la mesa de análisis: Rodrigo Rato, Arturo Moreno y Josep María Francàs.
Pedro Sánchez ha comparecido hoy, desde La Moncloa y sin preguntas de periodistas, como nos tiene acostumbrados, para anunciar que convoca las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Lo hace tras los cientos de fracasos que su Gobierno ha cosechado en el Congreso. Era ya algo normal que ninguna de las leyes que llegaban a la Cámara Baja se guardase en el cajón por la falta de apoyos. A partir de ese anuncio, las reacciones no se han hecho esperar. Los populares han iniciado ya la precampaña electoral bajo el lema 'Por fin'. Abascal, por su parte, ha querido alertar a los españoles por el voto por correo. El presidente de VOX ha asegurado, además, que, aunque la convocatoria es una buena noticia, los ciudadanos no pueden bajar la guardia. La nueva coalición de izquierdas, Frente Amplio, anunciará su candidato el próximo 17 de octubre mientras Podemos lanza un mensaje a Sumar al querer ir juntos a la convocatoria electoral. Pero Sánchez, como en otras ocasiones, tiene un as bajo la manga. Utilizará la Diputación Permanente del Congreso para aprobar los dos decretos ley de vivienda. Al margen, hoy, en Dando caña, analizamos también como Andalucía está siendo arrasada por el narcotráfico y la primera vuelta de las elecciones en Brasil. En la mesa de análisis: Josep María Francàs, Ignacio Basco, Alejandra Nuño y Carmen Quintanilla. #EleccionesGenerales #AdelantoElectoral #29denoviembre #PedroSánchez #Feijóo #SantiagoAbascal #DiputaciónPermanente #Vivienda #Narcotráfico #Andalucía #Ceuta #Brasil #JosepMaríaFrancàs #IgnacioBasco #AlejandraNuño #CarmenQuintanilla
Desde las 11:00 de la mañana, el Congreso de los Diputados celebra el pleno extraordinario para la aprobación de los dos Decretos publicados esta semana en materia de vivienda. A última de ayer, Junts anunciaba su negativa a votar a favor, por lo que el futuro de Pedro Sánchez podría estar en el aire, al decaer, previsiblemente, los dos Decretos. Fuentes internas del propio PSOE podrían ver con buenos ojos un adelanto electoral, la fecha que se baraja sería el próximo 29 de noviembre. Mientras, a las puertas del Congreso, cientos de manifestantes piden a los políticos que escuchen a la calle.
La artimaña busca consagrar por vía legal lo que hasta ahora era una mera instrucción ministerial dictada en 2022 por Sofía Puente, hoy directora general y hermana del ministro de Transportes. Aquella directriz asumía de forma automática que cualquier español emigrado entre 1936 y 1955 era un exiliado político, incluso si los motivos de su salida fueron puramente económicos, abriendo la puerta a una nacionalización masiva sin las verificaciones que exigía la propia Ley de Memoria Democrática. Al asumir ahora esta enmienda en un texto educativo, el Ejecutivo incurre en una confesión tácita: admiten que la directriz de la hermana del ministro estaba al margen de la ley y que necesitaba un parche legislativo urgente antes de que el Alto Tribunal la tumbe definitivamente. Para consumar esta jugada, la Mesa de la Comisión de Educación, donde PSOE y Sumar imponen su mayoría, ha decidido desoyendo de forma descarada el informe de los letrados del Congreso. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja fueron claros al avalar las protestas de la oposición: la enmienda no guarda relación alguna con la materia educativa. Aun así, la mayoría gubernamental ha hecho oídos sordos al criterio técnico para dar luz verde a la tramitación de esta enmienda pirata. Las cifras explican la urgencia y los nervios del Ejecutivo. Hasta la fecha se han concedido más de 544.000 nacionalidades, y la lista de espera supera los 2,4 millones de solicitudes. La prisa por garantizar que esta ingente masa de nuevos ciudadanos pueda ejercer el voto en las próximas elecciones generales delata un evidente cálculo electoralista. Utilizar una ley de educación como vehículo clandestino para alterar las reglas del censo electoral no solo demuestra un profundo desprecio por el sistema educativo, sino también hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con tal de moldear el electorado a su medida. Una auténtica cacicada parlamentaria que degradará aún más las instituciones con tal de amarrar el poder un poco más. Además, Riera hace un repaso por los datos donde muestra la realidad de los gastos en vivienda; y descubrimos la fecha en la que los Reyes visitarán Ceuta y Melilla. Hoy contamos con José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep María Francàs y Javier Sastre.
La maniobra táctica con los tiempos de publicación delata la verdadera viabilidad de este paquete legislativo. Mientras el primer decreto se ha publicado esta misma mañana en el BOE, el Gobierno retrasa deliberadamente la publicación del segundo para evitar que entre en vigor antes de su votación de convalidación en el Congreso este viernes, donde se prevé su inmediato rechazo por parte de la mayoría parlamentaria. De haberse publicado antes, su inevitable caída en la Cámara Baja habría provocado un caos y un choque de seguridad jurídica de primer orden. Además, descubrimos el balance más reciente sobre la situación de Ceuta dos meses después y Juan Sergio se pronuncia sobre su negativa a apoyar a a VOX y reconocer la soberanía española. En este nuevo programa de 'Dando Caña' contamos con Eduardo Zaplana, Julio Ariza, Josep María Francás y Ana Cuartero.
La radiografía tras ocho años de Sánchez en el Ejecutivo revela un panorama devastador que ha convertido a España en un país hostil para jóvenes, mayores, familias y trabajadores. Comprar una casa es hoy un 70 por ciento más caro y alquilar cuesta un 40 por ciento más, alcanzando un precio por metro cuadrado en récord histórico que supera incluso el pico de la burbuja de 2008. Su intervención en el mercado ha destruido la oferta, haciendo desaparecer 300 mil pisos de alquiler, mientras las prometidas 200 mil viviendas públicas siguen siendo casas fantasma y puro humo del que no se ofrecen datos. Mientras la burocracia paraliza la transformación de suelo, apenas se construyen 100 viviendas sociales al año, provocando que la vivienda haya pasado de ser el problema número 16 para los ciudadanos a convertirse en el primero. Resulta inverosímil que tras casi una década de parálisis y de profundizar en el desastre pretendan solucionar esta crisis de la noche a la mañana. Por eso nadie duda de que esta maniobra del Gobierno no es más que una burda cortina de humo para tapar la grave situación en Ceuta, la invasión fronteriza y el constante goteo de casos de corrupción que cercan acorralan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, conocemos todos los detalles de los dos decretos que el Gobierno quiere aprobar lo antes posible y Carlos Quero valora la situación actual de la vivienda en España. En la mesa del análisis: Ignacio Basco, Arturo Moreno, Josep María Francás y Roberto Granda.
Decenas de personas están acampando en Sol desde el pasado sábado para exigir soluciones para la vivienda. Un claro pulso al Ejecutivo. Sánchez, por su parte, ha asegurado que el Gobierno está trabajando a contrarreloj para aprobar el decreto de vivienda. Sin embargo, Sumar asegura que aún están muy lejos para llegar a ese acuerdo. Pero esto no puede desviar el foco de uno de los principales problemas que España tiene actualmente: la invasión a Ceuta. Según ha publicado Rubén Pulido en sus redes sociales, un kamikaze ha recorrido este madrugada parte de la ciudad autónoma. En la mesa de análisis: Miguel Robledo, Luis del Pino y Josep María Francàs.
La prueba definitiva de hasta qué punto la ciudad está desbordada la tuvimos este jueves por puro azar. Los bomberos acudieron a apagar un incendio en la zona del Sarchal y lo que descubrieron fue estremecedor: una red de galerías y túneles militares subterráneos convertida en un asentamiento clandestino para más de medio centenar de migrantes. Había colchones, cocina, acumulación de basuras y pasadizos que conectan el subsuelo a lo largo de medio kilómetro. Como dicen los propios bomberos y la policía en la zona: Ceuta está vacía por debajo. El problema de fondo es evidente: el Gobierno desmantela un campamento o un asentamiento en la superficie, pero la gente no desaparece. Se desplazan, rompen muros y se esconden en las tripas de la ciudad mientras siguen llegando personas a nado. El fuego ha destruido los túneles, pero esos decenas de jóvenes vuelven hoy a estar en las calles. Menos propaganda de «normalidad» y más efectividad, porque Ceuta ni aguanta más parches ni puede vivir sobre un polvorín subterráneo. Además, tratamos la maquinaria que alega VOX hacia el PSOE con la que ha querido acabar con la magistrada Biedma. En la mesa del análisis: Enrique Calvet, Rodrigo Rato, Julio Ariza, Josep María Francás, Ana Cuartero.
La tentativa de culpar al franquismo, al machismo o a los gobiernos autonómicos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida carece de fundamento jurídico. La salida de Maricarmen de la vivienda es la aplicación estricta de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, promovida por el Gobierno socialista de Felipe González para extinguir paulatinamente los contratos de renta antigua. Al fallecer la madre de la inquilina en 2005, la subrogación del contrato quedaba limitada por dicha ley a dos años, al no cumplirse los requisitos de discapacidad del 65% (la afectada tiene un 50%) ni los plazos de edad exigidos antes de 2004. El contrato quedó extinto en 2007. La propiedad permitió su estancia durante más de una década y en 2018 le ofreció opciones de compra rebajada y alquiler adaptado que fueron declinadas. El debate evidencia el riesgo de convertir casos particulares en argumentos de agitación política, infantilizando a los ciudadanos y vulnerando el principio de seguridad jurídica. Legislar a medida de cada circunstancia personal o pretender que el propietario privado asuma la función de la asistencia social destruye el mercado del alquiler, expulsando a los pequeños tenedores y dejando la oferta únicamente en manos de estructuras capaces de afrontar procesos judiciales prolongados. El respeto a la propiedad privada es una garantía elemental en un Estado de derecho, de la misma manera que el cariño a un inmueble no otorga la titularidad sobre el mismo. Pedro Sánchez prometió públicamente cuando era candidato a la Moncloa que bajo su presidencia no habría ni un desahucio más en España. La realidad de las cifras oficiales del Consejo General del Poder Judicial desmonta el eslogan: los lanzamientos superan los 25 mil anuales y las ejecuciones hipotecarias alcanzan máximos durante su mandato. La paradoja del caso de Maricarmen es que la anciana a la que la propaganda oficial intenta convertir en símbolo del drama de la vivienda no ha sido desahuciada por la especulación ni por la oposición, sino por la aplicación rigurosa de una ley redactada y firmada por el propio PSOE. Un PSOE que no sólo no ha solucionado el problema de la vivienda sino que lo ha tensionado todavía más. Además, hablamos con Cake Minuesa sobre el aniversario del asesinato de ETA a Juan Carlos Beíro. En la mesa del análisis: Álvaro Ballarín, José Ramón Riera, Josep María Francás y Julio Ariza.
Marruecos celebra hoy elecciones mientras Ceuta vive una calma tensa. Hoy había una nueva amenaza de asalto a la ciudad autónoma, que aún arrastra la inseguridad provocada por la invasión del pasado 30 de julio. Hoy, en el hemiciclo, la diputada del PP, Ana Vázquez, ha enseñado un bote de spray pimienta, los que usan, sobre todo, las mujeres ceutíes. Motivo por el cual Armengol, basándose equivocadamente en el Reglamento, le ha expulsado. Mientras tanto, Begoña Gómez empieza con su estrategia judicial antes de ser juzgada ante un jurado popular y Zapatero informa que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí. En la mesa de análisis: Josep María Francàs, Marcos de Quinto y Paco Bernabé
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU mientras, en España, todos sus ministros salen en defensa de Begoña Gómez tras conocer que el magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado un auto de apertura de juicio oral con jurado popular. El líder del ejecutivo no se reunirá con Donald Trump alegando motivos de agenda y ajeno a la invasión de Ceuta. María Montero, Alejo Vidal-Quadras, Ignacio Basco y Josep Maria Francàs debaten de la situación política de España en un momento de grave deterioro institucional.
A nivel mundial, la dimensión del problema es devastadora. Con más de 57 millones de afectados hoy, la Organización Mundial de la Salud prevé un horizonte asfixiante. Sin embargo, tras cada estadística hay una tragedia compartida, un impacto familiar brutal que devora el tiempo, la salud mental y los recursos de millones de cuidadores que sostienen, en la sombra, la atención diaria de sus seres queridos. La ciencia ha logrado por fin derribar un muro que parecía insuperable tras más de dos décadas de sequía terapéutica. El desarrollo de los nuevos anticuerpos monoclonales ha abierto una brecha de esperanza. No curan, pero hacen algo trascendental: frenan la progresión del deterioro cognitivo en las fases tempranas. Por primera vez en la historia, se ofrece una herramienta real para ganar tiempo de calidad. Sin embargo, el acceso a este avance se ha topado de frente con el muro de la burocracia y la insensibilidad política. Mientras la Agencia Europea del Medicamento avala estas terapias y otros países europeos avanzan en su incorporación, la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos y Productos Sanitarios ha rechazado por segunda vez su financiación pública en España. La decisión de no dar cobertura a estos fármacos rompe radicalmente con el principio de equidad de la sanidad pública. Son pocos los que pueden costearse el tratamiento. Al frente de esta decisión se encuentra la ministra de Sanidad, Mónica García. Es inconcebible que quien abandera la defensa de lo público escude el rechazo en que el beneficio es muy limitado o en que el coste es muy elevado para el valor clínico que aporta. La respuesta no se ha hecho esperar y la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA), arropada por más de 500 afectados, familiares y profesionales, le ha lanzado un mensaje directo e insoslayable a la ministra: «No podemos esperar más». Resulta profundamente doloroso comprobar cómo la retórica sobre la sanidad universal y la justicia social se desmorona a la hora de la verdad. Negar la financiación de las únicas terapias capaces de ralentizar la enfermedad es dar la espalda a los enfermos y abandonar a sus familias a su suerte. Cuando la ciencia por fin ofrece una puerta a la esperanza, la obligación de un Gobierno no es cerrarla dando un portazo, sino hacer todo lo posible para que cruzarla esté al alcance de todos. Además, conocemos dos importantes noticias; la citación de Begoña Gómez a juicio y la de las hijas de Zapatero. En la mesa del análisis: Miguel Ángel Gómez, Julio Ariza, Luis del Pino, Miguel Robledo.